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Se han presentado 12 denuncias ante el IEE, sólo una ha sido sancionada

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 A 19 días de la jornada electoral del primero de julio, la presidenta del Consejo General del lnstituto Electoral del Estado de Colima (IEE), Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, dio a conocer los importantes avances que se tienen en materia de ubicación e integración de casillas, para que la ciudadanía pueda ejercer su voto el próximo primero de julio en las 940 casillas que se instalarán en la entidad, además de las casillas especiales y que podrán consultarlo a través de la página oficial del IEE: http://ieecolima.org.mx

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Ayizde Anguiano Polanco, abordó el tema de las denuncias y quejas que se han presentado ante el Instituto Electoral del Estado.

Anguiano Polanco, expresó que en el caso de los Consejos Municipales Electorales, ellos tienen la facultad de conocer este procedimiento especial sancionador solamente cuando se trata de propaganda que está dentro de su circunscripción y se han recibido 12 denuncias, 7 en el Consejo Municipal de Manzanillo; en Tecomán y Colima solamente una cada uno, dos en Comala y una en Cuauhtémoc y la única que se le ha impuesto una sanción a un partido político, es la denuncia presentada ante el Consejo Municipal de Colima.

Aclaró que algunas de estas denuncias aún encuentran en trámite dentro de los Consejos Municipales Electorales y en el momento procesal oportuno se turnan ante el Tribunal Electoral del Estado, señalando que las denuncias presentadas, son principalmente por actos anticipados de campaña, por actos anticipados al inicio del respaldo ciudadano, tal es el caso de candidatos independientes al colocar propaganda en lugares no autorizados en el equipamiento urbano y por el contenido de las mismas.

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Protestan jueces del Poder Judicial de la Federación

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Integrantes del Poder Judicial de la Federación protestaron por la supuesta campaña de desprestigio en su contra, pues consideraron que los quieren hacer ver como oportunistas y que sólo velan por su beneficio personal.

Encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Luis Vega, negaron que sus salarios sean de más de 600 mil pesos como se ha señalado.

Nada más falso, sostuvo al dar un mensaje a manera de protesta afuera del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, en la Ciudad de México.

El también magistrado afirmó que en un régimen democrático donde haya una auténtica divisiónde poderes no se permiten jueces dóciles ni al servicio de nadie. Esto luego de que el viernes se suspendiera la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La protesta, convocada por la asociación, se replicó en varias sedes judiciales a lo largo del país, donde jueces y magistrados dieron un posicionamiento para alertar del riesgo que implica lo que consideraron una intromisión por parte del poder ejecutivo y legislativo.

En total, mil 410 juzgadores participaron en la lectura del posicionamiento a manera de protesta en 30 edificios del Poder Judicial a nivel nacional.

Luis Vega consideró que las propuestas que se han presentado para reformar al Poder Judicial de la Federación, son un intento de intromisión indebida por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Fuente: El Heraldo de México

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Congreso propone que ningún servidor público gane más que el Presidente o Gobernador

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El Coordinador del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Colima, Carlos César Farías Ramos, presentó una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, relativa a expedir la “Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Colima”, la cual busca que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República o el Gobernador del Estado de Colima.

Farías Ramos comentó que la intención de esta iniciativa es la homologar las políticas públicas federales con las estatales, esto debido a que el 24 de agoto 2009 fue publicada una Reforma a varios artículos de la Constitución, en la que se fincaron las bases para imponer límites máximos a las remuneraciones de los servidores públicos de los tres ordenes de gobierno, y que mandató a su vez se emitiera la legislación correspondiente en los Estados.

El Legislador comentó que “debemos evitar que esta Soberanía incurra en lo que la reciente doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado Omisión Legislativa”,añadiendo que han transcurrido 8 años desde su promulgación y aún no hay una Ley Local en la materia; a pesar de que el Decreto Federal mandataba a las Legislaturas Estatales un plazo de 180 días naturales después de su entrada en vigor.

Por lo anterior el Coordinador petista presentó esta iniciativa que pretende modificar las remuneraciones de el Congreso del Estado de Colima, El Poder Judicial, los organismos Autónomos o Independientes, los Tribunales de Justicia, la Fiscalía General, los Organismos Centralizados, Paraestatales y Descentralizados.

El documento presentado en tribuna, ante el Pleno del Congreso del Estado, el pasado 6 de diciembre de 2018, por el Diputado Carlos César Farías Ramos, contempla 5 capítulos, 17 artículos y 2 transitorios, en el que destaca su Capítulo Segundo, Artículo Sexto el cual habla sobre la determinación de las remuneraciones.

Ya que en sus fracciones I y II contemplan que ningún servidor público pueda recibir una remuneración o retribución mayor a la establecida para el Presidente de la República o el Gobernador, además de que ningún funcionario podrá tener un salario mayor igual o mayor que su superior jerárquico, salvo las excepciones especificadas en dicha Ley.

Así mismo, la iniciativa de Ley pretende que todos las remuneraciones y sus tabuladores sen públicos, “por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial” agregó Farías Ramos; además de que tendrán que especificar la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto efectivo como en especie.

Finalmente la iniciativa fue turnada a las Comisiones de Estudios Legislativo y Puntos Constitucionales; de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como a la Comisión de  Trabajo y Presión Social, para su análisis, con el fin de presentar el Proyecto de Decreto que tendrán que analizar los legisladores en su conjunto.

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