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Paracaídas de Rogelio Guedea- Alcalde de Cuauhtémoc: hablemos de legalidad, pero también de justicia

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La posible inhabilitación del alcalde de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza, debido a haber realizado proselitismo político en la elección extraordinaria a favor del excandidato panista a la gubernatura Jorge Luis Preciado  es un caso que impone una reflexión más allá de filias y fobias partidistas y políticas, y más bien una reflexión sobre algo realmente central en este asunto: las fronteras entre la legalidad y la justicia y de qué forma una y otra tienen que atraerse o repelerse tomando  en cuenta el bien común y la voluntad general, sobre todo ahora que el alcalde Rafael Mendoza fue reelegido (por el voto ciudadano) como edil de su municipio por otro trienio.

Se ha desatado una fuerte polémica entre quienes piden la cabeza del edil de Cuauhtémoc y entre los que lo defienden para que siga en el cargo, pero lo que tenemos en este momento es una orden del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación para que el Congreso local, y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Jurado de Sentencia en este juicio político, actúe en consecuencia e inhabilite por siete años a Rafa Mendoza para ocupar cargos públicos.

El punto de inflexión de esta polémica controversia radica, por un lado, en que efectivamente el alcalde cometió esa falta electoral en un ámbito que, bien visto, no atañía a sus funciones como alcalde, esto es, no fue una falta relacionada con desvío de recursos de su administración, nepotismo, tráfico de influencias, etcétera, sino con algo fuera de los límites de afectación de la comunidad que representaba en ese momento. Para decirlo más claramente: se le acusó de haber vulnerado el principio de imparcialidad pero no el haber utilizado indebidamente recursos públicos para apoyar la campaña de Preciado Rodríguez, lo que sí habría sido directamente en perjuicio de la sociedad cuauhtemense.

Tan no fue su falta un agravio para los ciudadanos de su municipio que estos lo refrendaron en el cargo en las pasadas elecciones. Tomando en cuenta lo anterior, la siguiente pregunta se hace obligada: es legal la sanción al alcalde, por haber cometido la falta que cometió, ¿pero es justa la pena que se le quiere imponer? Inhabilitarlo de su cargo de alcalde derivado de una falta electoral no sería ni justo electoralmente ni tampoco justo políticamente, pues se estaría imponiendo una pena que en estricto sentido no es electoral (mejor inhabilítenlo para que no participe en contiendas de elección popular) y se estaría agraviando los derechos de la ciudadanía de ser representados por alguien (el alcalde Mendoza) que a ellos no les ha ocasionado ningún perjuicio. Por tanto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, considerando una reflexión en este sentido, debería imponerle una sanción al alcalde Rafael Mendoza a la medida de la falta que cometió (algo electoral), lo que sería legal, pero no inhabilitarlo de su cargo, porque sería injusto para él (quien ha hecho un buen papel como edil, y por eso se le fue ratificado) y para la ciudadanía que votó por él (porque lo consideran un buen alcalde, aun cuando haya cometido esa falta electoral).

Desde mi punto de vista, pues, la inhabilitación del alcalde cuauhtemense sería una violación gravísima a los derechos ciudadanos de elegir libremente a la persona que quieren que les administre sus bienes y servicios. Ojalá no se vaya a cometer el error, otra vez, de creer que lo legal siempre es justo, sin tener en cuenta que todo lo justo si no es legal debe inmediatamente de serlo.

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Rogelio Guedea. Escritor y académico. Sus más recientes libros: “El arte de gobernar. Manual del buen gobierno”, “El diario de Bruno” y “Poetas mexicanos del 30: una generación entre el cielo y la tierra”. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

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Paracaídas de Rogelio Guedea- Marcos Santana, vergüenza morenista y ascenso del PRI

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La ambición desmedida de unos cuantos morenistas en el Congreso local (los nombres los omito porque ya todos los conocen) ha ocasionado lo mismo que le sucedió al PAN en la anterior legislatura: que el PRI, de facto, tome las riendas del Congreso local y prepare con ello formalmente el inicio de su regreso a importantes posiciones de poder en las elecciones de 2021, pues, aunque no lo parezca, tener al Congreso local de aliado permite una operatividad política y electoral inimaginable.

En este vergonzante final (para Morena) terminó la película del Congreso local, que desde iniciada la actual legislatura no ha hecho sino mostrar la ignorancia, la ambición, la falta de oficio político, la falta incluso de educación y civilidad de la mayoría de los morenistas, a quienes espero que su dirigencia nacional o el propio presidente López Obrador les corte por lo menos media oreja, que es lo que se merecen, por tanta barrabasada que han cometido.

¿Tanto reñirle al PRI para terminar en su regazo? Morena es ahora un bebé al que el PRI le ha empezado a dar de comer… pura dinamita. Por eso me alegro que el PRI, dicho esto con una circunspecta ironía, haya tomado las riendas del Congreso, pues este instituto político tiene gente curtida, sabe cómo se deben llevar las cosas y cómo hacerlas, y eso es lo que está necesitando urgentemente la ciudadanía: un Congreso que deje ya de andarse peleando por los propios intereses de unos cuantos congresistas embusteros y se ponga a trabajar en favor de la sociedad colimense que representa.

La sociedad no quiere que se bajen el sueldo ni mucho menos que los engañen con ese cuento de que se bajan el sueldo pero no así el resto de las percepciones, no, la sociedad está esperando que se pongan a trabajar en iniciativas y leyes y normativas que impacten en su beneficio, lo otro de andar dando la sobras del sueldo a talabarteros o a hojalateros o a zopiloteros  o a quien sea lo pueden hacer instituciones de asistencia privada o los propios programas de bienestar social que impulsan los gobiernos de los tres órdenes.

Pero no un legislador que se jacte, quien debe estar concentrado en crear las leyes que propiciarán mayor orden y armonía ciudadana. Adiós, pues, a Morena en el Congreso y bienvenido el PRI, quien ahora, por cierto, tiene por fin a un nuevo dirigente estatal en la figura de Kike Rojas, político joven pero no por ello menos experimentado que seguramente hará remontar al PRI en las elecciones de 2021 gracias a que tendrá como aliadas no solo a las bases rojiblancas sino también a Morena, quien para entonces ya habrá terminado de defraudar a todos.

 Y mientras Morena se desmorona y el PRI se fortalece (riéndose seguramente con una risa de hiena de los pobres morenistas), los colimenses debemos de sentirnos orgullosos de que en el top 10 de los aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la República esté el abogado colimense Marcos Santana.

Marcos Santana llegó ahí luego de un riguroso escrutinio de más de 50 aspirantes, quedando ahora en la lista de diez, lo que es honroso y plausible, pese a quien le pesare. Aunque Bernardo Batiz y Gertz Manero son los favoritos (por su cercanía con López Obrador), esto no le quita mérito al abogado Marco Santana, al contrario. Suerte al abogado colimense quien, y esto lo entenderán sólo los entendidos, aunque pierda, ya ganó. 

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Paracaídas de Rogelio Guedea – Ley de Convivencia Civil, ya en vigor

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Para quien no lo sepa, la Ley que Regula la Convivencia Civil del Estado de Colima y sus Municipios ha entrado en vigor este inicio de año, una ley que, ahora puedo decirlo, tuvo su origen en una extensa conversación que tuvimos el entonces diputado Nicolás Contreras y yo, en la cual yo enfaticé la importancia de contar con una ley que pudiera realmente normar la conducta ciudadana, pues la que existía (y que se aplicaba desde las Procuradurías Vecinales) eran inoperantes, como inoperante era también (para casos específicos como el ruido vecinal) la función de las direcciones de Ecología, que sólo atendían fuentes fijas (esto es música proveniente, por ejemplo, de bocinas o similares), pero no así otras fuentes (como los gritos de las personas, que en ocasiones son incluso peores que el ruido de la música).

Le expliqué al diputado Contreras, quien en todo momento fue muy sensible e incluso admitió que él también había tenido problemas de esa naturaleza, que una ley que normara estas conductas reduciría exponencialmente la violencia vecinal, que en ocasiones ha tenido consecuencias fatales, más de alguno ha asesinado o ha sido asesinado por conflictos vecinales (ruidos, árboles basurientos, obstrucción de cocheras, etcétera), y todo ello porque no existe autoridad que pueda resolver el problema, por lo que el vecino opta por tomar la justicia por su propia mano.

Reducir la violencia vecinal era, por tanto, no sólo reducir la violencia en general, sino además crear una mayor armonía en la comunidad y una recurrencia en el número de llamadas al 911 por estos motivos, llamadas que, por cierto, muchas veces ni se atendían.

Para terminar mi exposición, le expliqué la pesadilla que yo mismo estaba viviendo con unos vecinos (y que sigo viviendo en algunos momentos) y la que vivían otros vecinos del barrio, y al final se convenció de que era importante reducir el estrés ciudadano por este motivo, toda vez que, es verdad, la sociedad tiene que vivir una doble violencia cotidiana: la producida por los grupos delictivos y la vecinal.

Debo decir que después de esta conversación yo me hice a la idea de que todo quedaría en palabras. Sin embargo, esto no fue así. Al poco tiempo tuve noticias de que el diputado Nicolás Contreras se había tomado muy en serio el compromiso y había presentado la iniciativa, que al final fue aprobada y ahora ha entrado en vigor.

 Pero ¿qué regula esta nueva ley? Pues regula todos los aspectos que como ciudadano te causan un perjuicio en tu convivencia cotidiana vecinal: por ejemplo, los mismos ruidos, que ahora son castigados aunque provengan de cualquier fuente, así sea de un martillo o un perro.

Los daños que causen a tu propiedad los animales que dejen sus heces en tu jardín o en cualquier parte (yo me encuentro cientos de heces en las banquetas cuando hago mis ejercicios matutinos, muchas dejadas ahí a propósito), también son penalizados.

Pero también la obstrucción de tu cochera. Una riña vecinal, siempre que no haya lesiones que constituyan un delito. Ahora, para atender todos estos casos habrá un Juez Cívico en cada municipio, el cual podrá establecer sanciones en apego a esta ley,  sanciones que van desde multas (algunas severas) a un arresto, y, según la ley, para iniciar el proceso basta que se haga a través de la policía a la que se le pida auxilio para atender el caso o directamente presentando la denuncia ante el jue cívico.

Quizá ahora nadie se haya dado mucha cuenta de la trascendencia de esta Ley, pero es crucial para armonizar a una sociedad que esperemos no se acostumbre a estos niveles de violencia que vive todos los días.

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Rogelio Guedea. Escritor y académico. Sus más recientes libros: “El arte de gobernar. Manual del buen gobierno”, “El diario de Bruno” y “Poetas mexicanos del 30: una generación entre el cielo y la tierra”. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

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