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Editorial

A propósito – Los salarios en la cuarta transformación

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Fernando Moreno Peña

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ajustó el tabulador salarial de la Administración Pública para que a partir del 1 de enero de 2019, ningún funcionario gane más que el Presidente de la República.

Andrés Manuel López Obrador percibirá un salario bruto mensual de 155 mil 835 pesos, el cual será el monto más alto que se pagará a los servidores públicos, integrado por 43,442 de sueldo base más 112 mil 393 pesos por concepto de compensación garantizado.

A su vez, los Secretarios de Estado tendrán una percepción tasada en 154 mil 365 pesos.

Los subsecretarios y los jefes de Unidad tendrán un salario entre los 139 mil 663 pesos y los 153 mil 140 pesos.

Directores Generales Adjuntos cobrarán entre 91 mil 884 y 122 mil 512 pesos.

En tanto los Jefes de Departamento, los subdirectores de Área percibirán entre 21 mil 597 y 78 mil 407 pesos.

Se estipula que las disposiciones son aplicables para las dependencias, inclusos sus órganos administrativos desconcentrados, la Oficina de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los tribunales administrativos, así como para las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Incluso, se anticipa que la próxima Fiscalía General de la República deberá adecuarse a las mismas disposiciones salariales.

En el importe del sueldo base no están incluidas la prima vacacional y otras prestaciones económicas, por lo que éstas deberán calcularse y ser otorgadas en razón de lo establecido en el Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Lo que quiere decir que el Presidente AMLO no tendrá un salario como se ha venido diciendo de 108 mil pesos, sino que será 155 mil 835 pesos que, restándole el impuesto sobre la renta percibirá como ingreso neto 108 mil pesos, pero su sueldo total es el ingreso total que la ley le asigna, por eso esta presupuestado para este año 2019, que en el mes de diciembre recibirá con el sueldo de ese mes más el aguinaldo 340 mil pesos, porque el aguinaldo se fija en función del salario total y no  del neto.

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LAS REMUNERACIONES

Las remuneraciones vigentes para los funcionarios federales están determinadas por criterios establecidos en la Constitución Federal y en ellos se determina que ningún funcionario público podrá ganar más que el Presidente de la República, pero aún así, la propia Constitución establece excepciones que permiten que alguien gane más que el Presidente.

Según el Artículo 127, los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades ”.

Lo anterior es el universo de funcionarios públicos para quienes aplica esta disposición salarial

“Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases”:

La remuneración incluye los siguientes conceptos:

“I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.

O sea, que además del salario base de 155 mil 835 pesos, el Presidente de la República recibirá aguinaldo, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones que estén previstas en el presupuesto de egresos derivada de las prestaciones a las que tiene derecho

La fracción II del 127 Constitucional es la que ha creado toda la polémica sobre el tema de los salarios y es muy clara:

“II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Pero la fracción III señala ya excepciones donde es posible, dentro de la ley, que alguien gane más que el Presidente de la República; incluso, establece que dicho excedente no deberá exceder el 50% de la remuneración establecida para el Presidente, y que pudiera llegar según la Constitución a 233 mil 752 pesos:

“III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Esta fracción III establece también como excepción que alguien pueda ganar más si está establecido así en las condiciones generales de trabajo.

Está claro que la Constitución Federal reconoce que pueden ganar más quienes desempeñen un trabajo técnico calificado o que la función que desempeña requiera algún tipo de especialización, por ejemplo, Banco de México, PEMEX, INEGI, Poder Judicial etc. etc.

“IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado”.

Esta fracción IV prevé que los contratos colectivos de trabajo pueden determinar ingresos de otra naturaleza sin ser considerados como parte de la remuneración y en consecuencia, también las pensiones quedan excluidas de sujetarse al límite que señala para los salarios, si están pactadas en las condiciones en generales de trabajo o en los contratos colectivos.

“V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie”.

“VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.

Esto es lo que establece la Constitución muy claramente, las controversias Constitucionales que se han presentado son en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, señalando que va en contra de lo que establece la Constitución Federal en su artículo 127.

Lo que está claro es que el salario bruto del Presidente de la República es de 155 mil 835 pesos más prestaciones, menos impuestos y la ley es muy clara: nadie puede renunciar a lo que por derecho le corresponde y menos si lo establece la ley, tendrá que recibir lo que la ley determina como ingreso y una vez que lo reciba, lo podrá donar o renunciar, pero una vez recibido, porque no se puede donar o renunciar lo que no se recibe o de lo que no se es dueño.

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Editorial

Paracaídas de Rogelio Guedea- Marcos Santana, vergüenza morenista y ascenso del PRI

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La ambición desmedida de unos cuantos morenistas en el Congreso local (los nombres los omito porque ya todos los conocen) ha ocasionado lo mismo que le sucedió al PAN en la anterior legislatura: que el PRI, de facto, tome las riendas del Congreso local y prepare con ello formalmente el inicio de su regreso a importantes posiciones de poder en las elecciones de 2021, pues, aunque no lo parezca, tener al Congreso local de aliado permite una operatividad política y electoral inimaginable.

En este vergonzante final (para Morena) terminó la película del Congreso local, que desde iniciada la actual legislatura no ha hecho sino mostrar la ignorancia, la ambición, la falta de oficio político, la falta incluso de educación y civilidad de la mayoría de los morenistas, a quienes espero que su dirigencia nacional o el propio presidente López Obrador les corte por lo menos media oreja, que es lo que se merecen, por tanta barrabasada que han cometido.

¿Tanto reñirle al PRI para terminar en su regazo? Morena es ahora un bebé al que el PRI le ha empezado a dar de comer… pura dinamita. Por eso me alegro que el PRI, dicho esto con una circunspecta ironía, haya tomado las riendas del Congreso, pues este instituto político tiene gente curtida, sabe cómo se deben llevar las cosas y cómo hacerlas, y eso es lo que está necesitando urgentemente la ciudadanía: un Congreso que deje ya de andarse peleando por los propios intereses de unos cuantos congresistas embusteros y se ponga a trabajar en favor de la sociedad colimense que representa.

La sociedad no quiere que se bajen el sueldo ni mucho menos que los engañen con ese cuento de que se bajan el sueldo pero no así el resto de las percepciones, no, la sociedad está esperando que se pongan a trabajar en iniciativas y leyes y normativas que impacten en su beneficio, lo otro de andar dando la sobras del sueldo a talabarteros o a hojalateros o a zopiloteros  o a quien sea lo pueden hacer instituciones de asistencia privada o los propios programas de bienestar social que impulsan los gobiernos de los tres órdenes.

Pero no un legislador que se jacte, quien debe estar concentrado en crear las leyes que propiciarán mayor orden y armonía ciudadana. Adiós, pues, a Morena en el Congreso y bienvenido el PRI, quien ahora, por cierto, tiene por fin a un nuevo dirigente estatal en la figura de Kike Rojas, político joven pero no por ello menos experimentado que seguramente hará remontar al PRI en las elecciones de 2021 gracias a que tendrá como aliadas no solo a las bases rojiblancas sino también a Morena, quien para entonces ya habrá terminado de defraudar a todos.

 Y mientras Morena se desmorona y el PRI se fortalece (riéndose seguramente con una risa de hiena de los pobres morenistas), los colimenses debemos de sentirnos orgullosos de que en el top 10 de los aspirantes a dirigir la Fiscalía General de la República esté el abogado colimense Marcos Santana.

Marcos Santana llegó ahí luego de un riguroso escrutinio de más de 50 aspirantes, quedando ahora en la lista de diez, lo que es honroso y plausible, pese a quien le pesare. Aunque Bernardo Batiz y Gertz Manero son los favoritos (por su cercanía con López Obrador), esto no le quita mérito al abogado Marco Santana, al contrario. Suerte al abogado colimense quien, y esto lo entenderán sólo los entendidos, aunque pierda, ya ganó. 

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Paracaídas de Rogelio Guedea – Ley de Convivencia Civil, ya en vigor

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Para quien no lo sepa, la Ley que Regula la Convivencia Civil del Estado de Colima y sus Municipios ha entrado en vigor este inicio de año, una ley que, ahora puedo decirlo, tuvo su origen en una extensa conversación que tuvimos el entonces diputado Nicolás Contreras y yo, en la cual yo enfaticé la importancia de contar con una ley que pudiera realmente normar la conducta ciudadana, pues la que existía (y que se aplicaba desde las Procuradurías Vecinales) eran inoperantes, como inoperante era también (para casos específicos como el ruido vecinal) la función de las direcciones de Ecología, que sólo atendían fuentes fijas (esto es música proveniente, por ejemplo, de bocinas o similares), pero no así otras fuentes (como los gritos de las personas, que en ocasiones son incluso peores que el ruido de la música).

Le expliqué al diputado Contreras, quien en todo momento fue muy sensible e incluso admitió que él también había tenido problemas de esa naturaleza, que una ley que normara estas conductas reduciría exponencialmente la violencia vecinal, que en ocasiones ha tenido consecuencias fatales, más de alguno ha asesinado o ha sido asesinado por conflictos vecinales (ruidos, árboles basurientos, obstrucción de cocheras, etcétera), y todo ello porque no existe autoridad que pueda resolver el problema, por lo que el vecino opta por tomar la justicia por su propia mano.

Reducir la violencia vecinal era, por tanto, no sólo reducir la violencia en general, sino además crear una mayor armonía en la comunidad y una recurrencia en el número de llamadas al 911 por estos motivos, llamadas que, por cierto, muchas veces ni se atendían.

Para terminar mi exposición, le expliqué la pesadilla que yo mismo estaba viviendo con unos vecinos (y que sigo viviendo en algunos momentos) y la que vivían otros vecinos del barrio, y al final se convenció de que era importante reducir el estrés ciudadano por este motivo, toda vez que, es verdad, la sociedad tiene que vivir una doble violencia cotidiana: la producida por los grupos delictivos y la vecinal.

Debo decir que después de esta conversación yo me hice a la idea de que todo quedaría en palabras. Sin embargo, esto no fue así. Al poco tiempo tuve noticias de que el diputado Nicolás Contreras se había tomado muy en serio el compromiso y había presentado la iniciativa, que al final fue aprobada y ahora ha entrado en vigor.

 Pero ¿qué regula esta nueva ley? Pues regula todos los aspectos que como ciudadano te causan un perjuicio en tu convivencia cotidiana vecinal: por ejemplo, los mismos ruidos, que ahora son castigados aunque provengan de cualquier fuente, así sea de un martillo o un perro.

Los daños que causen a tu propiedad los animales que dejen sus heces en tu jardín o en cualquier parte (yo me encuentro cientos de heces en las banquetas cuando hago mis ejercicios matutinos, muchas dejadas ahí a propósito), también son penalizados.

Pero también la obstrucción de tu cochera. Una riña vecinal, siempre que no haya lesiones que constituyan un delito. Ahora, para atender todos estos casos habrá un Juez Cívico en cada municipio, el cual podrá establecer sanciones en apego a esta ley,  sanciones que van desde multas (algunas severas) a un arresto, y, según la ley, para iniciar el proceso basta que se haga a través de la policía a la que se le pida auxilio para atender el caso o directamente presentando la denuncia ante el jue cívico.

Quizá ahora nadie se haya dado mucha cuenta de la trascendencia de esta Ley, pero es crucial para armonizar a una sociedad que esperemos no se acostumbre a estos niveles de violencia que vive todos los días.

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Rogelio Guedea. Escritor y académico. Sus más recientes libros: “El arte de gobernar. Manual del buen gobierno”, “El diario de Bruno” y “Poetas mexicanos del 30: una generación entre el cielo y la tierra”. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

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